miércoles, 4 de julio de 2012

¿ES NECESARIO CREAR UNA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL-INSPECCIONES?

Con fecha 23 de noviembre del 2011, el Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley para crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-Inspecciones, organismo técnico adscrito al Ministerio de Trabajo, el cual estará encargado de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Este proyecto, cuenta con el dictamen favorable sustiturío de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado.

Este ente operaría como última instancia administrativa, para revisar las apelaciones y quejas que presenten los administrados contra resoluciones, actas y decisiones de los órganos de línea y desconcentrados de la superintendencia, como serían las direcciones regionales de trabajo.

La medida sería positiva si se busca unificar criterios administrativos en las resoluciones que se emitan, derivadas de los procedimientos inspectivos, a nivel nacional, siempre y cuando se establezca previamente mecanismos de para evitar duplicidad de funciones entre la Dirección Nacional de Inspecciones y este organismo que se cree.

No obstante lo señalado, consideró que más importante que mejorar la fiscalización laboral, es cambiar el marco regulatorio nacional laboral que se presenta frente al abuso de la personalidad jurídica de algunas sociedades, sobre la base de los privilegios que ofrece la posibilidad limitar la responsabilidad del socio al capital aportado. Así podemos encontrar como manifestaciones más recurrentes al abuso de la personalidad jurídica, las siguientes: fraude a ley, fraude o violación al contrato de trabajo, y daño fraudulento causado a terceros.

Sucede, que en la práctica las empresas se constituyen con una capitalización insuficiente, con escaso o nulo capital, circunstancia que por cierto desnaturaliza la esencia de la responsabilidad limitada. Ello origina, que las empresas se evaporen, logrando fraudulentamente no pagar los beneficios sociales impagos de sus trabajadores y las obligaciones que se puedan tener por multas ante el Ministerio de Trabajo, para posteriormente transformarla en una nueva con el objeto de eludir las responsabilidades que pesaban sobre la primera empresa evaporada. En este caso, no existe en nuestro país ningún mecanismo reparatorio, frente a los acreedores fraudulentamente impagos, como consecuencia de la constitución de una empresa con capital insuficiente.

En algunos países, se han establecido para encarar dicho fraude, dos formas o sistemas de reparación para los acreedores afectados, en este caso los trabajadores y el Ministerio de Trabajo, estos mecanismos son dos. El primero, consiste en penetrar la persona jurídica o levantar el velo societario, a fin de reparar los abusos cometidos por el mal uso de la figura de la responsabilidad limitada de la persona jurídica. De esta manera, los accionistas o socios de la empresa, resultan siendo solidariamente responsables con sus bienes de las deudas laborales impagas de los trabajadores, o por las deudas por multas que tengan con el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento de la normativa sociolaboral.

El segundo mecanismo, sólo protegería a los trabajadores impagos de sus derechos laborales. Para ello, se debe crear un organismo denominado por la doctrina como Fondo de Garantía Salarial. Este organismo se financiaría con los aportes que deben efectuar las empresas sobre la base de un porcentaje de la remuneración de los trabajadores.

De igual forma, esta institución sólo intervendría en el pago si la empresa no tiene bienes con que responder a las acreencias. Este sistema, por cierto no esta exento de críticas. La primera sería que se requiere una buena fiscalización para que las empresas no dilapiden sus bienes o no se creen con el fin de evaporarse y no cumplir con sus obligaciones, y la  segunda critica, es que pagarían justos por pecadores. Esto es que las empresas solventes y cumplidoras de sus obligaciones, terminarían financiando a las empresas manejadas irresponsablemente.





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