Una de las políticas activas de empleo, referida a la oferta de trabajo, consiste en repartir del trabajo, a través de la reducción del tiempo del mismo[1]. En tal orden de ideas se genere la interrogante: ¿trabajar menos o trabajar todos?
Plantear esta pregunta genera diversas respuestas a partir de razonamientos múltiples. Por un lado, no queda claro que ante una disminución de las horas trabajadas sea necesaria la contratación de nuevos trabajadores, en tanto el menor número de horas trabajadas se pueden suplir con incrementos de la productividad de los propios trabajadores, con lo cual la reducción de la jornada laboral no tendría ningún efecto si se quiere incrementar el nivel de empleo, a través de la creación de nuevos puestos de trabajo.
En segundo lugar, la sustitución de empleados no está garantizada en tanto el mercado de trabajo no ofrece personal cualificado, para que a muy corto plazo el cambio de sistema, sea eficaz, en este supuesto el empleador podría preferir que la reducción de la jornada de trabajo se compense con el incremento de las horas extraordinarias. Ciertamente, hay un coste adicional a la medida, derivada de la formación de nuevos trabajadores que ocupen dichas plazas creadas a partir de medidas de reducción del trabajo. Existen no sólo esta sino otras medidas relativas a la reducción del tiempo de trabajo, que vienen adoptando diversos países.
Así, las principales medidas que se han venido adoptando en los países para reducir el tiempo de trabajo son: (i) el recorte de la vida laboral (por ejemplo anticipando la edad de jubilación y retardando la incorporación de los jóvenes al mercado laboral; (ii) la reducción de la jornada laboral individual, y (iii) mediante la contratación a tiempo parcial.
Si el trabajador se enfrenta a la disyuntiva de dedicar su tiempo al trabajo o al ocio, preferirá ciertamente incrementar sus horas de ocio, siempre que al menos mantenga su nivel de ingresos. Este costo de la reducción no sólo debe recaer en las empresas, en tal sentido pueden intervenir el Estado, mediante ayudas que fomenten la generalización y profundización de la reducción de jornada laboral.
Estas ayudas pueden efectuarse a través de dos mecanismos. El primero mediante la disminución de las cotizaciones a la seguridad social, o como incentivos financieros directos a la reducción de la jornada laboral. Estos instrumentos, se pueden financiar mediante la reducción del gasto generados por el desempleo (gastos de política pasiva constituidos por el seguro de desempleo); y por incrementos de los ingresos fiscales y de la seguridad social gracias al mayor número de contribuyentes.
Según GORZ la perdida de ingresos del trabajador, como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo, puede ser compensada por una caja de garantía conocida como “el segundo cheque”. Para la financiación de este segundo cheque, se debe crear un impuesto indirecto, previamente deducido, sobre los productos o servicios[2].
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